Los concellos gastan 242 millones en servicios sociales que son competencia de la Xunta
Uno de cada cinco ayuntamientos gallegos destina más del 20% de su presupuesto a competencias impropias n Una veintena de municipios reservan menos del 5% a planes para los más desfavorecidos
31 de diciembre de 2015. Esa es la fecha que fija la reforma local diseñada por Hacienda para que los ayuntamientos transfieran a las comunidades los servicios sociales -competencias que pese a ser de titularidad autonómica asumen las administraciones locales- o, si así lo acuerdan, sigan en manos de los municipios pero con financiación del Ejecutivo autonómico. En poco más de un año, los concellos podrán deshacerse de los gastos en planes de asistencia social, áreas de atención a la mujer, drogodependencia, emigración o inmigración, psicólogos y educadores sociales o programas de fomento del empleo. En total, los ayuntamientos gallegos desembolsaron 241,7 millones de euros el año pasado para financiar actividades de competencia autonómica, una cantidad que supone el 14,2% de los presupuestos municipales, según el balance del Ministerio de Hacienda sobre el coste efectivo de los servicios locales.
Durante la negociación de los diez borradores de la reforma local, los alcaldes gallegos ya advirtieron en declaraciones a este periódico del "caos" que supondría delegar en las comunidades autónomas los servicios sociales que desde hace años prestan los ayuntamientos. Los "peor parados" si se produce ese traspaso, coinciden los regidores, serán los vecinos. ¿A quiénes se van a dirigir los ciudadanos cuando tengan que solicitar estos servicios, van a tener que ir a Santiago, a las delegaciones de la Xunta? ¿Qué va a pasar con el personal del concello dedicado a estas funciones? Son algunas de las preguntas que todavía hoy se hacen. Para evitar una merma en la calidad de estos servicios, los alcaldes defienden que las áreas sociales sigan en manos municipales y que sean costeados por la Administración autonómica.
Una vez aprobada la reforma local, el Ministerio de Hacienda dio una vez más la razón a los ayuntamientos. El propio ministro Cristóbal Montoro pedía hace un año a los ejecutivos autonómicos que delegasen en los ayuntamientos la red de prestaciones de proximidad sobre la que descansa el peso de la atención a los más desfavorecidos porque -aducía Montoro en una intervención en el Senado- son "los que mejor" lo hacen.
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